La decisión del magnate de suspender las cuentas de 10 profesionales provoca la respuesta de la ONU y la UE, que amenaza con sanciones, así como de asociaciones en defensa de la libertad de prensa
Al día siguiente de su expulsión de Twitter, los 10 periodistas suspendidos el jueves de noche y sin previo aviso por el nuevo dueño y señor de la red social, Elon Musk, proseguían sin tener totalmente claras las causas de su veto fulminante, que fundió sus cuentas a negro sin opción a réplica o defensa. Las consecuencias, en cambio, fueron cristalinas: la resolución del magnate generó una alarmada reacción global por parte de usuarios de la plataforma, estamentos periodísticos, asociaciones en defensa de la libertad de prensa, la Organización de Naciones Unidas y autoridades desde Washington a Bruselas, donde Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea, afirmó que la medida violaba la Ley de Servicios Digitales de la UE y conminó con algo más que palabras. “Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto”, tuiteó la alta funcionaria el viernes por la mañana.
En Washington, la congresista demócrata Lori Trahan (Massachusetts), miembro del comité de la Cámara de Representantes que vela por el buen gobierno de Internet, recordó en Twitter que la compañía le había garantizado esta misma semana que no tenía intención de tomar represalias contra los periodistas que criticaran a la empresa o a su dueño. “Menos de 12 horas después, varios reporteros de tecnología han sido suspendidos. ¿Cuál es el problema, @elonmusk?”, añadió.
Melissa Fleming, subsecretaria general de comunicaciones globales de la ONU, dijo, por su parte, que estaba “profundamente perturbada” por las noticias. “La libertad de prensa no es un juguete”, añadió. “Una prensa libre es la piedra angular de las sociedades democráticas y una herramienta clave en la lucha contra la desinformación dañina”. Los Gobiernos del Reino Unido y Alemania coincidieron en expresar su preocupación por lo sucedido. Y Reporteros sin Fronteras denunció que la gestión de Musk es un “desastre para el derecho a la información”, además de un riesgo y una “amenaza para la democracia” el manejo “arbitrario” de las grandes plataformas de Internet.
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