El viernes pasado, 10 de octubre, a las 3:45 de la tarde, en el remoto sector de Mina Chocó, zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, una congregación cristiana se convirtió en blanco involuntario de la barbarie. Un explosivo no convencional, lanzado desde un dron, impactó cerca de la iglesia durante un servicio religioso. El objetivo aparente: posiciones del Clan del Golfo. El culpable presunto: el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero quienes pagaron el precio fueron inocentes: dos niños de 9 y 10 años, y un joven de 23.
Los pequeños, heridos por esquirlas y la onda expansiva, fueron estabilizados de urgencia en el centro de salud Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del Sur. Su estado era tan crítico que ambulancias los llevaron a toda prisa a Bucaramanga para cirugías especializadas. El adulto, con lesiones menos graves, se recupera en la zona. Milagrosamente, no hay fallecidos… pero el trauma, ese sí, es profundo e irreversible.
Este no es un incidente aislado, amigos. Se enmarca en una escalada sangrienta por el control de la minería ilegal en la región. En lo que va de 2025, el sur de Bolívar ha visto 27 emergencias humanitarias: 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos que han azotado a más de 24 mil personas en municipios como Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Morales, Cantagallo y Río Viejo. Los grupos armados —ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC— no solo se enfrentan entre sí; usan a la población civil como escudo humano, restringen movimientos y siembran terror en líderes comunitarios.
La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Seguridad de Bolívar claman por el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Exigen que los civiles queden fuera de esta guerra sucia. Pero en el terreno, la Fuerza Pública es vista como insuficiente, y las comunidades piden a gritos una intervención decidida del Gobierno Nacional para tejer una paz real.
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