Se trata de una decisión “profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa”, afirmó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell.

Libertades

“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, acota.

Según el Ministerio del Interior, las 1,500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues “no reportaron por periodos de entre 1 y 35 años sus estados financieros”.

En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.

Clausuras

El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, Rosario Murillo, endureció las leyes contra la oenegés tras las protestas del 2018, que dejaron 300 muertos.

También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre sandinistas y los ‘contras’.