La persecución religiosa en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes, según el informe “Fe bajo fuego” del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua. Desde 2018, el régimen sandinista ha expulsado o forzado al exilio a 261 líderes religiosos, incluyendo obispos, sacerdotes y monjas, y ha clausurado 1.294 asociaciones religiosas, en un esfuerzo sistemático por silenciar a la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas. Este artículo explora los detalles de esta crisis, su impacto en la libertad religiosa y cómo la comunidad global puede responder.
Una Iglesia Bajo Asedio: Cifras Clave
El informe revela un ataque sin precedentes contra la fe en Nicaragua:
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261 líderes religiosos desterrados: Incluyen a los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, el nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag (expulsado en 2022), 140 sacerdotes, 90 monjas, 10 seminaristas y 3 diáconos.
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1.294 asociaciones religiosas cerradas: De un total de 5.609 ONG clausuradas entre 2018 y 2025, estas incluyen iglesias, universidades cristianas, colegios, clínicas y organizaciones humanitarias, con confiscación de bienes.
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22 medios religiosos clausurados: Entre 54 medios de comunicación cerrados por el Instituto de Telecomunicaciones, se incluyen canales de TV y emisoras cristianas.
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Represión a evangélicos: Cierres de universidades, detenciones de pastores (como Rudy Palacios), cancelación de la personalidad jurídica de la Iglesia Morava y censura de medios evangélicos.
Cita clave: “El régimen utiliza el poder estatal para eliminar la independencia de las iglesias y limitar su rol social y espiritual”, denuncia el Colectivo.
Contexto: La Iglesia como Voz de Justicia
La persecución se intensificó tras las protestas de 2018, cuando la Iglesia católica actuó como mediadora en el diálogo nacional fallido, denunció abusos y ofreció refugio a manifestantes heridos. Este rol provocó la “animadversión” del gobierno de Daniel Ortega, que percibió a las iglesias como una amenaza a su poder.
En 2023, el papa Francisco (q.e.p.d.) calificó al régimen como una “dictadura grosera” tras la condena de 26 años al obispo Rolando Álvarez, ahora exiliado y desnacionalizado. El régimen también disolvió la Compañía de Jesús (jesuitas), tildándola de “mafia”, y rompió relaciones con el Vaticano tras la expulsión del nuncio en 2022.
Impacto en Comunidades Cristianas
La represión no solo afecta a la Iglesia católica. Comunidades evangélicas enfrentan cierres de templos, presión fiscal y desapariciones forzadas de líderes. La clausura de 1.294 asociaciones religiosas ha dejado a comunidades sin acceso a educación, salud y apoyo espiritual. Los 22 medios religiosos cerrados limitan la difusión del Evangelio, mientras la confiscación de bienes agrava la crisis humanitaria.
Fuente: Informe “Fe bajo fuego” del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, 2025.
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